Servicio Electoral de Chile

El Estado

El Estado es una forma de organización política, dotada de atribuciones soberanas e independientes. En términos de clasificación, se habla de estados unitarios (como el caso de Chile) o de estados federales.
De acuerdo a la teoría, son tres los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En nuestro país existen instituciones públicas que la Constitución Política reconoce como órganos del Estado. Un ejemplo de esto es el Servicio Electoral, el cual cuenta con autonomía constitucional desde el año 2015.

El Estado es una forma de organización política, dotada de atribuciones soberanas e independientes, que integra la población de un país. Este concepto hace referencia además a la organización social, legal y económica, cuya regulación está a cargo de un conjunto de instituciones, que tienen la atribución de regular la vida en sociedad.

¿Sabías que la palabra Estado en términos políticos se adjudica a Maquiavelo, quien la introdujo en su obra “El Príncipe”?
“Los Estados y soberanías que han tenido y tiene autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o principados”.

Clasificación

Antes de hablar de los distintos tipos de Estado es necesario diferenciar dos conceptos: Estado y Gobierno.

– El Estado: es una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio.

– El gobierno: es el ordenamiento político que se adopta, es decir, la manera en que se ejerce el poder.

En términos de clasificación, existen dos grandes grupos en los que se pueden segmentar los tipos de Estado:

  • Estado simple o unitario: Dentro de las características de este tipo de Estado se encuentran que poseen solo un centro de poder, el cual es ejercido a través de órganos encargados de diferentes funciones, cuya sede es la capital del Estado.
    Además de lo anterior, aquí las personas deben regularse por una sola Constitución Política y la organización abarca todo el territorio nacional.
    En términos de administración, ésta puede ejercerse tanto de forma centralizada como de manera descentralizada. Esto último quiere decir que el Estado busca una forma de hacer más eficiente su funcionamiento, otorgando personalidad jurídica, atribuciones, patrimonio y responsabilidad propia a organismos sujetos indirectamente al poder central.
  • Estado federal: En este tipo de Estado no solo es descentralizado administrativamente sino que también en términos políticos. Entre sus características se encuentran que reconoce a variadas fuentes desde donde emerge el poder político, existiendo una en el nivel central y otra que corresponde a los gobiernos regionales, los cuales operan de manera independiente, pero trabajan coordinadamente.
    Por otra parte, existe una multiplicidad de ordenamientos constitucionales entre los cuales destaca uno como principal y al cual están subordinados los demás. Dentro de los principios que sustentan este tipo de Estado se encuentran dos: la autonomía gubernativa-administrativa y la participación a través de la Cámara Federal.

“El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley”. (Artículo 3, Constitución Política de la República de Chile).

Estado de derecho

Este concepto se refiere a un modelo de orden jurídico del país, el cual debe regirse por leyes e instituciones, guiadas por una Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a sus normas.

Elementos del Estado

Todo Estado está dotado de territorio, Nación, y soberanía.

La Nación

Se entiende por Nación a una comunidad humana con ciertas características culturales comunes, dotadas de un sentido ético-político y asentadas en un territorio o población. Estas personas pueden ser nacionales o extranjeras, y si cumplen las condiciones establecidas en la legislación, pueden ser reconocidos como ciudadanos.

Chile – Censo 2017
La población residente en territorio nacional es de 17.574.003 personas.
8.601.989 (48,9%) son hombres.
8.972.014 (51,1%) son mujeres.

La Constitución Política de la República de Chile indica en su artículo 1 que el Estado tiene como deber resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar a las personas su derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Esta misma normativa determina que son chilenos:

  • Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena.
  • Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º o 4º.
  • Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley.
  • Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.

El territorio

Como concepto político entendemos por territorio a la delimitación geográfica en la cual se encuentra asentada la población. Es uno de los componentes esenciales para la conformación de un Estado, ya que la nación de un Estado requiere de un terreno para vivir y desarrollarse. Además, el territorio guarda riquezas relevantes para el desarrollo de la población que lo habita.

Chile es un país tricontinental, con territorio en América, la Antártica y Oceanía. La mayor extensión de su territorio está en el cono sur de América, y comúnmente se describe como un país largo y angosto. Sin embargo, nuestro país cuenta también con territorio marino y posesiones transoceánicas y continentales.

En el continente americano, Chile suma a su territorio 756.626 Km2. El Chile Oceánico o insular compuesto el Archipiélago Juan Fernández, y las Islas de Pascua, Salas y Gómez y San Ambrosio suman 379,9 Km2, y el territorio de la Antártica suma 1.250.000 Km2.

Si totalizamos estas cantidades sin considerar el mar, Chile posee 2.007.005,9 Km2.

La soberanía

La Constitución Política de la República de Chile indica en su artículo 5 que la soberanía del país reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que la Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

Además de lo anterior, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. (Artículo 1, Constitución Política de la República de Chile).

Poderes del Estado

De acuerdo a la teoría, el Estado cuenta con tres Poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo

La Constitución Política de la República de Chile establece que el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.

Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

El 1 de junio de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno.

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El Poder Legislativo

El Poder Legislativo en Chile está representado por el Congreso Nacional, el cual se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a la Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece.

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El Poder Judicial

La Constitución Política entrega el marco normativo para el funcionamiento del Poder Judicial en Chile.

Según lo anterior, entrega a este Poder del Estado la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. Indica además que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.

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Otros órganos del Estado

La Constitución Política de la República de Chile reconoce como órganos del Estado a las siguientes instituciones:

Ministerio Público

Es un organismo autónomo, jerarquizado, que tiene como función dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponde la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.


Tribunal Constitucional

Es el órgano encargado de cautelar el principio de supremacía constitucional, fundamento del Estado de Derecho.

De acuerdo a la Constitución, el Tribunal Constitucional está dotado de las siguientes atribuciones:

  • Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación.
  • Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones.
  • Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso.
  • Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley.
  • Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones.
  • Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución.
  • Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior.
  • Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda.
  • Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 99.
  • Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del Nº 15º del artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio.
  • Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53 número 7) de esta Constitución.
  • Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado.
  • Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones.
  • Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios.
  • Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo.
  • Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63 de la Constitución.

Servicio Electoral y justicia electoral

La Constitución señala en su artículo 94 bis que el Servicio Electoral es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya función principal es ejercer la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional.

En tanto, la justicia electoral está en manos del Tribunal Calificador de Elecciones, organismo que tiene como función conocer el escrutinio general y dar calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.


Contraloría General de la República

La Constitución define a la Contraloría como un organismo autónomo que tiene como función ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevar la contabilidad general de la Nación, y desempeñar las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.


Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública

Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.


Consejo de Seguridad Nacional

La Constitución establece la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional, el cual está encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda. Es presidido por el Jefe del Estado y está integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República.

En los casos que el Presidente de la República lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores y de la economía y finanzas del país.


Banco Central

La Constitución establece la existencia de un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones están determinadas por una ley orgánica constitucional.

El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

En caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.

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