Servicio Electoral de Chile

Ciudadanía

La ciudadanía otorga a las personas una serie de derechos políticos y sociales, según lo establezcan las normas legales de cada país. En el caso de Chile, esos derechos se encuentran indicados en la Constitución Política.
En este contexto, la carta fundamental de nuestro país reconoce la participación ciudadana, concediendo a las personas el derecho de participar en las políticas, planes, programas y acciones del Estado. Una manera de materializar esto, es a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.

¿Quiénes son los ciudadanos en Chile?

La Constitución Política de la República establece que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva (3 años y un día).

Además de lo anterior, los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 de la Constitución (mayor de 18 años y no haber sido condenados a pena aflictiva), podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley.

Los extranjeros que hayan obtenido carta de nacionalización en conformidad a la ley tendrán opción a cargos públicos de elección popular sólo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización.

Derechos de los ciudadanos

  • Sufragio.
  • Optar a cargos de elección popular y a los demás que la Constitución o la ley establezcan.

Derecho a sufragio de los chilenos en el extranjero

En 2014 se aprobó la reforma constitucional que concede el voto a los chilenos en el extranjero, permitiendo a los connacionales que residen en el exterior ejercer su derecho a sufragio en plebiscitos nacionales, elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República y elecciones presidenciales, formando parte del proceso como cualquier elector dentro de Chile.

Esta reforma se complementa con la publicación de la Ley 20.960 en 2016, la cual regula el derecho a sufragio de los chilenos en el extranjero, instaurando que el ejercicio del voto se realizará de la misma forma que en Chile.

En el caso de los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, con alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, que hayan adquirido la nacionalidad chilena; y los que obtuviesen especial gracia de nacionalización por ley, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año.

¿Cuándo se pierde la calidad de ciudadano?

  • Por pérdida de la nacionalidad chilena.
  • Por condena a pena aflictiva.
  • Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido, además, pena aflictiva.

¿Cuándo se suspende el derecho a sufragio?

  • Interdicción en caso de demencia.
  • Estar acusado por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.
  • Haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15º del artículo 19 de la Constitución. Los que por esta causa se hallen privados del ejercicio del derecho de sufragio lo recuperarán al término de 5 años, contado desde la declaración del Tribunal.

Participación ciudadana

En nuestro país, existe una política para la participación ciudadana, la cual instruye y organiza los principales lineamientos gubernamentales en la materia, y compromete a los órganos de la Administración del Estado a implementar acciones en concordancia con los impulsos programáticos del gobierno.

Sin embargo, el marco regulatorio principal de la participación ciudadanía, y que es desde donde surge esta política, es la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Este cuerpo legal fija la regulación de las asociaciones sin fines de lucro y las organizaciones de interés público, señalando que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones.

Todas aquellas conductas destinadas a excluir o discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del derecho de participación ciudadana, son contrarias a dicha ley.

Por otra parte, la normativa indica que cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia.

Derecho a manifestarse

La Constitución de Chile establece el derecho a emitir opinión y de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.

Además de lo anterior, establece el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, indicando que las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía.

Se establece también el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes; y el derecho de asociarse sin permiso previo.

Educación Ciudadana y Capacitación Electoral

La educación ciudadana es la educación sistemática o permanente que se provee a los ciudadanos o habitantes de un país sobre el sistema democrático. La capacitación electoral es la capacitación temporal de funcionarios permanentes o temporales – funcionarios que tienen un rol en la administración del proceso electoral- así como también incluye las capacitaciones a la ciudadanía en temas electorales . Esta capacitación electoral puede ser parte de la educación ciudadana, ya sea como eje temático o como tema enseñado a través de medios no formales.

En relación a la educación ciudadana, para que ésta sea efectiva, se requiere:

  • Credibilidad en el sistema democrático.
  • Una cultura democrática, no hay educación ciudadana cuando en la sociedad predomina la tradición autoritaria, poca o nula tolerancia a la disidencia.
  • Logística electoral para facilitar la participación electoral de los ciudadanos (documento de identificación personal, actualización del padrón electoral, ubicación de las mesas electorales, transparencia y publicidad de los candidatos y el financiamiento de las campañas, etc).

A su vez, para que la educación ciudadana tenga frutos o resultados hay que resaltar ciertos elementos claves, como por ejemplo:

  • Valorar y resaltar su importancia, como un mecanismo imprescindible para los momentos de transición y de consolidación democrática.
  • Conceptualizarla, más allá de los parámetros formales y antiguos de la educación cívica, la educación ciudadana tiene que fomentar el desempeño de los individuos en el régimen democrático y en el sistema de derechos humanos, fomentando la conducta ciudadana en el día a día, no sólo en momentos específicos o elecciones.
  • Recurrir a la educación formal y no formal como formas de transmitir la educación ciudadana. La educación formal alude a los patrones clásicos de conocimiento de la estructura y funcionamiento del Estado, y sus efectos en los gobiernos e instituciones regionales o locales.
  • La educación no formal es la que se transmite a grupos específicos, a través de talleres, seminarios, cursos intensivos, así como también a través de redes sociales (Facebook, Twitter, mensajería de texto, etc).

Respecto a la aplicación de la educación ciudadana a través de los organismos electorales en América Latina, se puede decir que la formación cívico-política de los ciudadanos no formaba parte de las prioridades del accionar de las instituciones estatales en la fase de transición a la democracia. Dos décadas más tarde, la democracia formal instalada en la mayoría de los países de la región latinoamericana todavía presenta rezagos importantes en la cultura política democrática vigente, reflejados en una debilidad de la institucionalidad y en especial de los partidos políticos.

Por ello el papel que asumen cada vez más los órganos electorales en la región ha sido fundamental, ocupando un lugar de vanguardia en la formación de la ciudadanía, no sólo en aspectos meramente electorales, sino como facilitador e impulsor de procesos de formación y capacitación que desembocan en debates públicos necesarios y formando adherentes y partícipes del desarrollo de la sociedad democrática desde edades muy tempranas.

Dos ejemplos destacados:

México
el IFE, a partir del año 2004, comienza a materializar sus políticas de educación cívica a través del “Programa Estratégico de Educación Cívica”, el cual pretende descentralizar los programas anuales de educación cívica para población adulta, es decir, diseñar una estrategia con objetivos y políticas de carácter general y nacional y en una segunda etapa adoptar la estrategia general a las necesidades particulares de cada distrito electoral, congruentes son las características sociales, políticas y geográficas locales.

Costa Rica
Al eliminarse la educación cívica dentro de los planes de estudio como materia especial, mezclándola con los estudios sociales, tuvo como consecuencia un aumento del abstencionismo electoral, y el “desinterés en la política” pasó de un 22% en 1998 a un 27.8% en el 2002 .

A partir de estos datos, el Tribunal comenzó a fortalecer la educación cívica por medio de:
1. Actividades unilaterales o directas, o bien concertadas, mediante alianzas estratégicas.
2. Con acciones afirmativas. Así, en el “Reglamento sobre pago de los gastos de los Partidos Políticos”, No. 6-96 TSE, se ha establecido que, el partido político que no fije estatutariamente un porcentaje de su presupuesto para capacitación, pierde el derecho a financiamiento estatal.
3. Proponer el IFED, Instituto de Formación y Estudios para la Democracia.

Transparencia y acceso a la información pública

La Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, publicada en agosto de 2008, es la normativa que regula aspectos como el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

¿Qué instituciones se regulan por esta ley?

Las disposiciones de esta ley son aplicables a los ministerios; las intendencias; las gobernaciones; los gobiernos regionales; las municipalidades; las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones que se señalen expresamente en la Ley 20.285, y a las de sus respectivas leyes orgánicas. Además de lo anterior, se aplicarán las disposiciones que dicha normativa señale a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio.

Publicidad de la información

La legislación indica que los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo en las excepciones establecidas en la legislación vigente.

Por su parte, se considera pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.

Además de lo anterior, los órganos de la Administración del Estado mencionados anteriormente deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes:

  1. Su estructura orgánica.
  2. Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.
  3. El marco normativo que les sea aplicable.
  4. La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones.
  5. Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.
  6. Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios.
  7. Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.
  8. Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano.
  9. El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución. No se incluirán en estos antecedentes los datos sensibles, esto es, los datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen social, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
  10. Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso.
  11. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año.
  12. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan.
  13. Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.
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